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Opinión: RUMBO AL PASADO, Juan Francisco Fernández Jiménez, Ex Presidente de la Diputación de Albacete

21 Mar 2012
La Reforma Laboral, tiene recién inaugurado su trámite de aprobación en el Congreso de los Diputados.

Resalta de manera “estridente”, la clamorosa apuesta por promover el despido; con “detalles” tan regresivos como: la “novedad” de afectar a los contratos vigentes en el momento de su entrada en vigor como Decreto-Ley 3/2012. Tal Reforma sugiere preguntas como estas: Si la pretensión es, generar empleo, ¿qué sentido tiene reducir las indemnizaciones a los ya empleados? Si suponemos que el objetivo de la reforma es facilitar el despido justificado ¿por qué bajar el coste del improcedente? Si no se quiere aumentar el daño social del despido ¿por qué aumenta tanto la facilidad de los despidos colectivos? Además, si en realidad el propósito de la reforma fuera conseguir, que el despido sea el último recurso de las empresas ¿por qué se incrementa el fomento del despido? 

Llama la atención poderosamente, por el desastre que puede causar, la creación de un contrato con un periodo de prueba de un año, sin necesitar justificación para su rescisión durante ese plazo ¿quién garantiza que no se sustituirá por este modelo, todos los contratos temporales?. La reforma es tan radicalmente dura como inútil, el Gobierno del PP del Sr. Rajoy sabe que, sin crecimiento económico, ninguna reforma creará empleo; ni siquiera la que inicia su trámite parlamentario, por más desreguladora y cruel que sea. Una vez más insistimos: Una política económica seria y coherente, debe de aportar mucho más que recortes de gasto y opciones solamente restrictivas; y que corresponde al Gobierno aportar “estímulos” a la actividad económica y al empleo. Sin embargo hasta ahora, solo hemos escuchado el más clamoroso silencio del Sr. Rajoy. 

Por otra parte, todos los informes del FMI resaltan la evidencia económica que permite asegurar que, la estrategia de bajar el coste del despido, no es adecuada para crear empleo; desaconsejando vivamente facilitar el despido en medio de una recesión. La reforma va aumentar en el corto plazo los despidos y en el medio y largo plazo, uno de nuestros grandes problemas: la inestabilidad en el mercado de trabajo y, como consecuencia el incremento de los flujos de entrada y salida, elevando la volatilidad del empleo. La reforma desequilibra las relaciones laborales, a favor de una de las partes y, aprovechando la coyuntura económica, reduce los derechos de los trabajadores. Es una reforma injusta. 

 El Gobierno del PP trasmite: su nula inquietud ante el rechazo de los trabajadores y la absoluta irrelevancia que les atribuye. En ningún momento se habla de ellos, en vez de referirse a los “trabajadores”, sistemáticamente solo aluden al “empleo” o a los “puestos de trabajo”. Es mucho más que un matiz semántico, parece evidente una conexión entre esa actitud y lenguaje, con el feroz recorte de derechos al que los trabajadores están siendo sometidos. 

Si se corrompen las palabras, es para corromper las ideas, para construir la realidad al gusto de quienes las pervierten o para expresar opciones valorativas determinadas. El Gobierno del Sr. Rajoy cambió el nombre de Ministerio de Trabajo, por el de Empleo. Desde 1920 se creó el Ministerio de Trabajo para ubicar la acción pública coordinada, tratando de resolver temas relacionados con la cuestión social. Si los trabajadores aspiran a trabajar es, porque hacerlo es el modo de obtener una vida digna, de conseguir recursos necesarios para la subsistencia; la sociabilidad, que les hace gozar de bienes de ciudadanía. No cualquier forma de trabajar vale, lo que quiere decir que, es el trabajo el valioso y codiciado bien que es necesario proteger, que tiene que estar en el centro de la valoración social. 

 Por tanto ¿es aceptable que, en nombre de la noble lucha contra el desempleo, desatendamos las tutelas que protegen a las personas que trabajan?¿es aceptable que la política de empleo, tenga tal preeminencia, que en la organización administrativa española, desplace al trabajo? No, no es aceptable, porque una política de empleo digna de ese nombre, solo puede hacerse desde una orientación más general de la política económica. A mediados de enero, el Ministro de Economía anunciaba una mayor “degradación del trabajo” al fijar entre sus prioridades: modificar el “mercado laboral”; es decir, reducir el trabajo a una mercancía maleable, como si los trabajadores fueran causantes del desempleo. 

Es hipócrita e insulta la inteligencia de la ciudadanía la aplicación de una política económica (control del déficit público, austeridad, debilitamiento de lo público y del Estado de Bienestar) que está demostrado no crea empleo, para a renglón seguido degradar más las escasas garantías que protegen el trabajo, con la escusa de mejorar el empleo. No es el empleo, sino el trabajo y su valoración el problema más grande que tenemos en España. ¿Volvemos al pasado? ¡¡NO GRACIAS!!


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