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Opinión:César Ruiz Gómez-El adoctrinamiento en Educación para la Ciudadanía. Una polémica estéril.

9 Mar 2012
César Ruiz Gómez doctor en historia , ejerce como profesor en el ÍES Pintor Rafael Requena de Caudete. Ha impartido durante varios años la materia de educación para la ciudadanía.

El adoctrinamiento en Educación para la Ciudadanía. Una polémica estéril. Si califico de estéril la polémica no es porque la misma sea improductiva en la consecución de resultados en sí, lo hago en el convencimiento de que es ficticia, es decir, no existe, y la materia se instrumentaliza para dirimir otras diferencias de diferente naturaleza. 

Los políticos de todo signo, que han abordado las cuestiones educativas, han mostrado su inoperancia e incompetencia a la hora de hacer frente a unos datos de abandono y fracaso escolar vergonzosos, y son incapaces de llegar a un Pacto de Estado sobre la Educación. Asistimos a otra reforma educativa, ¿cuántas van? Contemos, sólo en lo que llevamos de democracia, la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) promulgada en 1980 por el Partido UCD, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) aprobada en 1985, La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), ambas fruto de los Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, la Ley de la Calidad de la Educación (LOCE) aprobada en el año 2002 bajo el Gobierno del Partido Popular y, por último, la Ley Orgánica de Educación (LOE), del año 2006, vigente hasta el momento y ya con fecha de caducidad, una nueva reforma y ¿cuáles son los primeros titulares? La supresión de la materia de Educación para la Ciudadanía por adoctrinar a nuestros hijos. De esta forma, si asumimos lo antedicho, los docentes que hemos dedicado estos años a impartir esta materia aparecemos como adoctrinadores por orden del anterior Ejecutivo a la espera de someternos a los designios del nuevo. Nada se sostiene, y no lo hace porque la enseñanza pública carece de idearios en los centros y porque disfrutamos de autonomía pedagógica y de independencia del profesorado. Ya he dicho que la polémica no existe y por eso EpC no desaparece, le cambian el nombre por motivos electoralistas y justificar frentismos obsoletos. 

Hubo un tiempo en el que podía tener sentido discutir si correspondía o no al Estado inmiscuirse en la educación de los ciudadanos, abordando espacios reservados tradicionalmente a la familia. Ese debate sobre la educación cívica tuvo lugar durante la Revolución francesa, se centró, básicamente, en la distinción entre instruir y educar. Se trató de determinar cuál era el papel que jugaba el Estado en el proceso educativo. El ilustrado francés Condorcet creía en un modelo educativo que permitiese al individuo desarrollar sus capacidades intelectuales de un modo pleno, pero también las morales. 

En la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1974 se manifiesta que “la educación para la comprensión internacional debería fomentar el adecuado desenvolvimiento intelectual y afectivo del individuo. Debería desarrollar el sentido de la responsabilidad social y de la solidaridad con los grupos menos afortunados y debería conducir a la observancia de los principios de igualdad en la convivencia diaria. Debería también contribuir a fomentar cualidades, aptitudes y capacidades que lleven a los individuos a adquirir una comprensión crítica de los problemas nacionales e internacionales; a entender y explicar los hechos, las opiniones y las ideas; a trabajar en grupo; a aceptar y participar en libres discusiones; a observar las reglas elementales de procedimiento aplicables a toda discusión; y a basar sus juicios de valor y sus decisiones en un análisis racional de los hechos y factores pertinentes. También debería recalcar que la guerra de expansión, de agresión y de dominación y el empleo de la fuerza y la violencia de represión son inadmisibles y debería inducir a cada persona a comprender y asumir las obligaciones que le incumben para el mantenimiento de la paz. Debería contribuir a la comprensión internacional y al fortalecimiento de la paz mundial, y a las actividades de lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo en todas su formas y manifestaciones, y contra todas las formas y variedades de racismo, fascismo y apartheid, como también de otras ideologías que inspiran el odio nacional o racial y que son contrarias al espíritu de esta Recomendación”. 

Veintiún años después la UNESCO ratificó la Declaración de la 44ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación (1994). En esta Declaración se exteriorizó la preocupación por las manifestaciones de violencia, racismo, xenofobia y nacionalismo agresivo, y las violaciones de los derechos humanos, por la intolerancia religiosa, por el recrudecimiento del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y por la profundización de la brecha existente entre los países ricos y los países pobres, factores que ponen en peligro la consolidación de la paz y la democracia, tanto en el plano nacional como en el internacional y la necesaria labor de los Estados en la construcción de políticas educativas que contribuyan al fomento del entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre los individuos y entre los grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos y entre las naciones soberanas, así como conocimientos, valores, actitudes y aptitudes favorables al respeto de los derechos humanos y al compromiso activo con respecto a la defensa de tales derechos y a la construcción de una cultura de paz y democracia. 

Delimitados a grandes rasgos los contenidos de esta disciplina, se insta a los Estados no sólo a que introduzcan esta asignatura con carácter autónomo sino también a que se favorezca su tratamiento transversal en la totalidad de enseñanzas del sistema educativo. 

Durante los últimos años de la década de los 90 la Educación para la Ciudadanía se convirtió también en un tema central en el discurso educativo europeo. Fruto de este interés es, sin duda, la Recomendación del Consejo de Europa (2002) en la que se insta a los Estados miembros a hacer de la educación para la ciudadanía democrática “un objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas”, en cuanto “factor de cohesión social, de comprensión mutua, de diálogo intercultural e interreligioso, y de solidaridad, que contribuye a promover el principio de igualdad entre hombres y mujeres, y que favorece el establecimiento de relaciones armoniosas y pacíficas en los pueblos y entre ellos, así como la defensa y el desarrollo de la sociedad y la cultura democráticas” 

Sin embargo, en España, la introducción por parte de la Ley Orgánica de Educación (2006) de una disciplina académica dedicada a la Educación para la ciudadanía ha planteado ciertas reticencias relacionadas con la preservación del principio de neutralidad estatal en materia de creencias, que, por cierto, no se plantearon en ningún momento sobre la asignatura denominada Ética de la Ley de Calidad de la Educación, que comparte bastantes de sus contenidos. Los Reales Decretos que establecieron las enseñanzas comunes del sistema educativo en desarrollo de la LOCE al determinar las capacidades generales que debían adquirir los alumnos, de aplicación a todas las enseñanzas, vuelven a insistir en facultades propias de una educación moral y, en la etapa de Educación Secundaria, incorporan una disciplina autónoma y obligatoria denominada Ética cuyos contenidos responden a la materia de Educación cívica o ciudadana. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) promulgada en el año 2006 introduce la “Educación para la ciudadanía” entre las enseñanzas obligatorias con la finalidad de formar ciudadanos preparados para vivir en convivencia democrática. La Conferencia Episcopal Española emitió una Declaración en junio de 2007 en la que consideraba que la inserción obligatoria de la asignatura en el sistema educativo español implica una clara vulneración del artículo 27.3 de la CE. Más recientemente, en una “Nota ante las elecciones generales de 2011” ha vuelto a insistir en esta idea. Por su parte, el Partido Popular emitió una declaración, anterior a la decisión judicial del Tribunal Supremo, en la que se manifestaba contrario a la incorporación de esta formación moral y ciudadana: 

El rechazo mostrado por parte de algunos sectores sociales a la EpC se ha plasmado a nivel fáctico en la interposición de numerosos recursos reclamando el reconocimiento de la objeción de conciencia a la EpC, al tratarse, desde el punto de vista de los padres recurrentes, de una manifestación directa de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y religiosa (art.16 CE) y del derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art.27.3 CE). Se considera, mayoritariamente, que la asignatura en cuestión supone una “ética cívica”, distinta de la personal, creada por el Estado, cambiante, e impuesta a través del sistema educativo, planteado temas y criterios de evaluación de alto contenido político, discutible y discutido, que utiliza terminología y conceptos propios de la ideología de género. 

El planteamiento expuesto ha obligado al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la normativa objeto de análisis, que declara ajustada a derecho, “pues no es correcto sostener –afirma el Alto Tribunal- que el Estado no tenga nada que decir sobre la educación de los menores, ni quepa ninguna transmisión de valores a través del sistema educativo” 

Muy clarificadoras son las preguntas que se hace el profesor Marina sobre la EpC “¿Necesitan nuestros jóvenes tener conocimientos claros sobre valores éticos, sobre el contenido de los derechos y deberes, sobre la estructura política, jurídica y social en que van a vivir, sobre los problemas fundamentales de nuestro mundo? ¿Debemos fomentar actitudes participativas, democráticas, solidarias, activas? ¿Conviene que comprendan la necesidad de establecer normas justas y acatarlas, el tupido juego de reciprocidades, los sentimientos apropiados, el respeto necesario para la convivencia? Cada vez que surge un problema social –la droga, los accidentes de tráfico, la violencia doméstica, la falta de civismo, los fracasos familiares, los embarazos adolescentes, etc- la gente se vuelve a la escuela reclamando soluciones. No podemos dedicar un cursillo a cada uno de esos asuntos. Sin embargo, muchos de ellos arrancan de una falta de responsabilidad personal, de la carencia de valores claros, o de dificultades personales para dirigir la propia vida. Y estos asuntos pueden tratarse dentro de una asignatura cuidadosamente diseñada. Así veo yo la educación para la ciudadanía”. 

El ministro Wert ha anunciado la denominación de la nueva EpC, Educación cívica y Constitucional. Ya he defendido que no hay polémica, la Constitución española –que es una Constitución laica- incluye un sistema de valores éticos fundamentales que son, esencialmente, los derechos humanos. Y estos son el criterio básico para determinar los contenidos de la EpC. ¿Hay algún padre que tenga inconveniente en que sus hijos reciban esta enseñanza? Lo cierto es que la Conferencia Episcopal y otros grupos ultraconservadores ya han manifestado su malestar por la materia. Sin embargo, he de decir que posturas como las de la Consejería de Educación de Madrid, quizá influida por “Madrid Educa en Libertad”, con una marcada ideología ultracatólica, que entorpece una campaña antisida promovida por decenas de ONG`s, al obligar a los docentes a pedir permiso a los padres para hablar de condones en el aula y trabajar la prevención de embarazos no deseados entre los menores, son un disparate, pues en el ámbito de lo público, somete a la totalidad del alumnado a la moral de una sola confesión religiosa. 

A mis alumnos siempre les invito a seguir la máxima kantiana del “Atrévete a pensar” y en EpC no se trata de que estudien qué es un buen ciudadano, se trata de que aprendan a ser buenos ciudadanos, el resto de materias también buscan el desarrollo de competencias en el alumno y no se trata de aprender filosofía, sino de pensar bien. No se trata de aprender gramática, sino de comunicarse. Dice el profesor Marina que “resulta especialmente chocante que muchos de los que piensan que la ética no puede enseñarse como una asignatura, opinen que la religión sí puede enseñarse así. En el mejor informe que conozco sobre EpC, el dirigido por Bernard Crick, por indicación del Parlamento inglés, señalaba tres objetivos a la asignatura: Fomentar la responsabilidad social y moral, fomentar la implicación comunitaria, y ampliar la cultura política (political literacy). En el proyecto europeo EURYDICE se añadía un nuevo objetivo “fomentar el pensamiento crítico, los valores y las actitudes morales”. Nunca le digo a un alumno lo que debe pensar, le invito a que sustente sus ideas sobre argumentos y genere así sus propias opiniones para llevar a cabo una participación activa en la sociedad. ¿adoctrinar? Frío, frío


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